MERCADOiEl gobierno nacional enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley para desregular el sector inmobiliario, con el objetivo central de que el corretaje deje de considerarse una profesión liberal y pase a ser un servicio de intermediación comercial. Este cambio, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ha generado tensiones con los colegios de martilleros, quienes han buscado respaldo político para intentar frenar la iniciativa.
El texto de la propuesta, cuya presentación se prevé para las próximas dos semanas, contempla la eliminación de la obligatoriedad de la matrícula en un colegio profesional, la supresión de los aranceles mínimos y honorarios obligatorios, y el fin de la exigencia de título universitario impuesta por la Ley 25.028. Además, la normativa busca desarticular el monopolio de los colegios en su capacidad sancionadora, derogar las penas por ejercer sin matrícula y eliminar las restricciones geográficas que limitan la operación en distintas jurisdicciones.
El argumento central del proyecto sostiene que el corretaje debe entenderse como un servicio de intermediación comercial. Según fuentes involucradas en su redacción, los antiguos sindicatos y cámaras inmobiliarias establecieron barreras artificiales —académicas y territoriales— a través de la matriculación obligatoria y los honorarios mínimos, lo cual restringió el acceso a la industria, fijó precios y limitó la competencia. Al respecto, una fuente señaló: “Todos los puntos se resumen en un concepto: el corretaje inmobiliario no es una profesión liberal, sino un servicio de intermediación comercial”.
Durante el evento "Real estate 2026", realizado en la Universidad Católica Argentina, Sturzenegger defendió la propuesta calificando como una "aberración social" que un colegio profesional tenga la facultad de fijar precios mínimos para los servicios inmobiliarios. El funcionario enfatizó que el problema no radica en la existencia de los colegios, sino en el uso del poder del Estado para establecer condiciones ajenas a la dinámica del mercado, con el fin de bajar los costos de construcción y facilitar el acceso a la vivienda.
Este avance del Gobierno provocó movimientos políticos inmediatos. La semana pasada, diputados de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires presentaron un proyecto para desregular el sector a nivel provincial; sin embargo, debieron retirarlo para alinearlo con el texto nacional y evitar una estrategia descoordinada.
La preocupación de los martilleros ha crecido ante la posibilidad de perder el esquema de colegiación actual. El 4 de junio, autoridades del Colegio y Caja de Previsión Social de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires se reunieron con Sergio Massa en busca de respaldo político. Según fuentes cercanas a la redacción del proyecto, el sistema actual de colegiatura obligatoria y monopolio de matrículas se consolidó tras las normas dictadas a partir de 2003, lo que ha llevado a algunos críticos a cuestionar la estructura de poder de estos organismos.
El Gobierno ha priorizado el proyecto nacional y, por el momento, ha postergado las iniciativas provinciales para centrar el debate en el Congreso, donde se discutirá la propuesta de habilitar mayor competencia y menores costos para el mercado inmobiliario.
Fuente: Infobae
