MERCADOiLa iniciativa, denominada "Impulso Urbano", fue presentada ante el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano Ambiental (CoMDUA) y es el resultado de un trabajo conjunto entre el Área de Coordinación de Planificación Territorial de la Municipalidad de Salta y la Comisión de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la Provincia de Salta (CoPAUPS). Aunque el programa ya ha sido expuesto ante diversos organismos y cámaras empresariales para recibir ajustes, su puesta en marcha oficial está pendiente de la firma del decreto municipal correspondiente.
El funcionamiento del mecanismo es sencillo: el Estado calcula cuántos metros cuadrados dejó de construir un propietario debido a las restricciones legales que impiden demoler o ampliar casonas en el centro histórico. Esos metros, que actualmente no generan beneficio económico, se transforman en un activo o "título transferible" que el dueño puede vender.
Un desarrollador interesado en levantar obras en otras zonas de la ciudad —especialmente en barrios con déficit de inversión— puede comprar estos metros y sumarlos a sus proyectos. Esto genera un círculo virtuoso: el propietario recibe efectivo para restaurar su inmueble, el desarrollador obtiene mayor capacidad constructiva y el municipio preserva el patrimonio sin realizar gastos públicos.
Para incentivar la participación, el programa establece una equivalencia favorable: como el valor del metro cuadrado en el centro es más alto, un metro emitido por un edificio patrimonial puede equivaler, por ejemplo, a dos metros utilizables en el predio receptor, haciendo la operación más atractiva para el inversor. La participación en este mercado es voluntaria para todas las partes involucradas.
Según el documento oficial, existen 3.835 inmuebles en el área centro de Salta habilitados para emitir estos metros, en una zona protegida que abarca sectores clave como el corredor Balcarce, el entorno de la estación de ferrocarril y puntos históricos como el Colegio Santa Rosa de Viterbo y la Iglesia La Viña. Por otro lado, hay 40.579 propiedades en zonas de renovación urbana con potencial para recibir dicha capacidad constructiva.
Este programa busca saldar una "herida histórica" de dos décadas, originada tras la implementación de la Ley Provincial 7418, la cual obligaba a los propietarios a conservar sus edificios sin ofrecerles compensaciones económicas. Ahora, se plantea una lógica en la que el desarrollo inmobiliario en otros puntos de la ciudad ayude a financiar el mantenimiento de lo que es patrimonio de todos. Dado que el éxito del mecanismo depende de la demanda de los desarrolladores, el municipio lanzará el programa como un plan piloto con una duración inicial de 12 meses, prorrogable a 18, permitiendo un monitoreo constante y ajustes técnicos antes de su implementación definitiva.
Fuente: El Tribuno
